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Campantes con grilletes | Hernán Pérez Loose La República EC



Hernán Pérez Loose

Guayaquil, Ecuador

A pesar de los serios cargos de corrupción que pesan sobre él, el prefecto de Cotopaxi ha regresado a ejercer sus funciones públicas. Lo hará con un grillete en el tobillo, y con ello se sumará al bochornoso espectáculo de muchos funcionarios públicos que ejercen sus cargos con esos dispositivos a cuestas.

Es más, teniendo en cuenta que los cargos de corrupción que él tiene están relacionados con sus funciones de prefecto, se le ha permitido regresar a la escena del crimen.

Con ello, podrá fácilmente complicar el curso de las investigaciones que deberán seguir realizándose sobre la red de corrupción que habría encabezado; dicho sea de paso, a vista y paciencia de los consejeros provinciales.

Y esto no solo sucede con el Sr. Guamán, sino con decenas de funcionarios públicos contra quienes se han formulado cargos penales. ¿Cómo así pueden seguir ejerciendo sus dignidades aquellos funcionarios contra los cuales se han formulado cargos? ¿Por qué debemos seguir pagándoles un sueldo? 

Por absurdo que parezca, en el Ecuador, la única forma como el Sr. Guamán y otros como él dejen de ejercer los cargos públicos que ostentan, a pesar de habérseles formulado cargos penales en su contra, es con una sentencia condenatoria; cosa que bien podría tomar años. 

La justificación es que estas personas gozan de la presunción constitucional de inocencia hasta que una sentencia firme diga lo contrario. Pero no solo eso. El Sr. Guamán en tono desafiante ha advertido que no solo que seguirá ejerciendo las funciones de prefecto, sino que se presentará como candidato a alcalde en las próximas elecciones.

Es decir, seguirá siendo un actor político en su provincia hasta que una sentencia lo declare penalmente responsable. Y, como tal, él gozará de los privilegios que nuestro sistema les concede a los candidatos.

Para la ley ecuatoriana no tiene relevancia, entonces, la probidad de las personas que están ejerciendo o aspiran a ejercer cargos públicos. No nos importa en el Ecuador el enorme daño que se le hace a la sociedad al soslayar el concepto de probidad como condición para el ejercicio de las funciones públicas.

No importa su ética, no importa su prestigio, no importa su capacidad, no importa su buen nombre, no importa el reconocimiento de sus pares como una persona honesta. Lo que importa es que no haya sido condenado penalmente. Mientras no lo sea, es irrelevante si sobre esa persona existen determinaciones firmes de la Contraloría sobre abusos de dineros públicos, ni importa si la Fiscalía, luego de investigar y recopilar pruebas, ha llegado a la conclusión de que existen serios indicios de que ha cometido un delito.

Es más, no importa si ha sido llamado a juicio por abuso sexual, pedofilia o narcotráfico. Nada de eso es importante, con tal que no tenga en su contra una sentencia penal. Es decir, en la balanza pesa más el derecho individual de presunción de inocencia que el derecho de la sociedad a tener funcionarios públicos que sean probos por encima de toda duda.

Es otra muestra del ecosistema tolerante con la corrupción que tenemos. Esta tolerancia desalienta a miles de ecuatorianos probos a participar en la vida pública y deja ese espacio en manos del narcotráfico y la delincuencia organizada. Y luego le piden a la Dra. Diana Salazar que haga milagros.

El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, tras salir de prisión con medidas cautelares, el 29 de julio de 2029, en Cotopaxi. Captura de pantalla de video de la transmisión del MICC de Cotopaxi.





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