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La consulta de Lasso y la Guardia Indígena



Fernando López Milán

Quito, Ecuador

Las preguntas de la Consulta del presidente Guillermo Lasso son de fácil aceptación. Si a esas se les suman unas dos preguntas que promuevan la activación del empleo, aumentaría la aceptabilidad del conjunto.

Las preguntas más importantes son las que se refieren a la seguridad interna: permitir que las Fuerzas Armadas complementen el trabajo de la Policía, dar paso a la extradición de los grandes criminales y garantizar la autonomía de la Fiscalía.

Estas preguntas son especialmente importantes porque de concretarse las políticas y acciones para llevar a la práctica su contenido se consolidaría la institucionalidad pública y su capacidad de respuesta a las amenazas del crimen organizado.

Las voces que se han alzado en contra de estas preguntas provienen de aquellas personas y organizaciones que vienen trabajando sin descanso en la disociación del Estado ecuatoriano.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, y las organizaciones indígenas de todo el país, mientras se empeñan en debilitar al Estado, continúan con su tarea de fortalecer las estructuras parapoliciales y paramilitares que, como las llamadas “guardias indígenas”, son la fuerza de choque del movimiento indígena en su enfrentamiento con el Estado y, también, cuerpos de vigilancia y control territorial.

Iza y el movimiento indígena saben exactamente lo que están haciendo, pero ni el Gobierno ni la ciudadanía parecen estar conscientes de lo que se les viene encima.

Según un despacho de la Agencia EFE, los días diez y once de septiembre, en la comunidad amazónica de Sinangoe, se realizó el Encuentro Nacional de Guardias Indígenas de Ecuador.

En este encuentro, se reunieron alrededor de doscientas personas de más diez pueblos y nacionalidades indígenas. De los acuerdos alcanzados en el Encuentro, hay algunos en los que se advierte con claridad la posición confrontativa y hasta beligerante que el movimiento indígena ha asumido frente al Estado ecuatoriano.

Ellos no se sienten parte de esa comunidad política que se denomina Ecuador, entidad frente a la cual dicen encontrarse en resistencia, y afirman la necesidad de consolidar sus propias leyes y formas de gobierno, que, según ellos, son los factores de legitimidad del control territorial de las zonas en las que habitan.

Los reunidos en Sinangoe, así, han acordado “Fortalecer y consolidar la Guardia Indígena comunitaria y popular como estrategia de resistencia milenaria en sus diferentes expresiones y en todos los territorios ancestrales de Pueblos y Nacionalidades de manera pública y libre”; pero, también,  “Fortalecer la estructura de gobierno propio y ley propia de cada nacionalidad que legitima el control territorial de la Guardia Indígena en coordinación con las organizaciones CONAIE, CONFENIAE y ECUARUNARI y en sus diversos niveles organizativos”.

Como si se tratara de una organización insurgente, las “guardias indígenas” reunidas en Sinangoe dejan bien claro que su enfrentamiento con el Estado debe partir de la formación ideológica y política de sus miembros en los principios del anticapitalismo, el antiliberalismo y el anticolonialismo; pues “el racismo estructural del estado y el miedo de la institucionalidad colonial (…) siempre ha querido imponer y estandarizar nuestras formas de vida a un sistema burgués y neoliberal, que ha perpetuado y secundado violaciones sistemáticas de nuestros derechos como nacionalidades y pueblos indígenas”.

Oponerse a la extradición de los implicados en el crimen organizado y a la colaboración de las Fuerzas Armadas y la Policía en el combate a esas organizaciones delictivas, como lo han hecho Leonidas Iza y compañía, es coherente con la estrategia del movimiento indígena de debilitar al Estado ecuatoriano e impedir, por todos los medios, una actuación eficaz frente al narcotráfico y a la protesta subversiva.

El movimiento indígena quiere llegar al poder por la fuerza. Y para alcanzarlo, ha ido poniendo a punto su estrategia de ocupación urbana -que no otra cosa son los últimos paros nacionales que ha liderado-, ha robustecido sus fuerzas de choque y control territorial, y está intentando crear “cabezas de playa” en las entradas de Quito. Hay organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que lo respaldan en estos propósitos, igual que nuestra inefable Corte Constitucional, a la que los desesperados denominaron alguna vez “corte de lujo”.

¿Saben estas personas lo que están haciendo? ¿Seguirán contribuyendo a la destrucción del país amparadas en las fórmulas de la pedantería, la corrección política y el progresismo? Con su ayuda, ese orden, ese espacio, esa comunidad que ahora llamamos Ecuador terminará de írsenos de las manos.





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